Tras cinco meses de parálisis, el Senado aprobó un largo temario que incluyó además la eliminación de la fe de vida para jubilados y el nombramiento de jueces federales para Santa Fe y Córdoba
La Cámara de Senadores convirtió en ley por 48 votos favor y 9 en contra la iniciativa que impone la alcoholemia cero para la conducción de vehículos. La norma modifica el inciso a) del artículo 48 de la ley de tránsito 24.449. En la nueva redacción queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
La senadora María González (FdT-Formosa), miembro informante, reconoció que encontraba resistencia en representantes de regiones vitivinícolas, pero alegó que las estadísticas demuestran que en las 13 provincias en las que ya rige la norma no bajaron ni la venta ni el consumo de alcohol, pero sí los siniestros causados por conductores alcoholizados en un 35%.
Dionisio Scarpin (JxC-Santa Fe) votó en contra alegando que la modificación de la ley no tendría efecto si no se aplicaban los controles correspondientes. Mariana Juri (JxC-Mendoza) hizo otro tanto, pero alegando que destruiría fuentes de trabajo. También votaron en contra Juan Carlos Romero (CF-Salta), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) y los dos representantes peronistas de San Juan, Cristina López Valverde y José Uñac, entre otros. La única mendocina que votó a favor con fuertes críticas contra quienes lo hacían en contra fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, aplaudida desde las galerías.
La agenda incluyó también la denominada Ley Lucio, que consiste en un plan de capacitación obligatorio para las personas que se desempeñan en el Estado sobre los derechos las niñas, niños y adolescentes. La norma constituyó la respuesta al asesinato del niño Lucio Dupuy por mal trato de la pareja que lo había adoptado. Las adoptantes fueron condenadas por la justicia a cadena perpetua. El proyecto resultó aprobado por unanimidad.
En otro orden el Senado aprobó la designación de seis jueces con jurisdicción federal en Santa Fe y Córdoba. De los magistrados aprobados tres son de Rosario: el juez federal de primera instancia Gastón Salmain, y los jueces del Tribunal Oral Criminal, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez Da Cruz. Tendrán competencia en los casos de narcotráfico, delito que aumentó verticalmente los niveles de inseguridad en los últimos años en la provincia.
Además,los senadores de todos los bloques prestaron acuerdo a los siguientes jueces de Córdoba: Ernesto Cano como conjuez del Tribunal Oral Criminal, Mariano Longarini como juez federal de primera instancia y Pablo Montesi como juez federal de San Francisco. Como defensora oficial del Tribunal Oral Criminal fue designada Ana María Blanco.
Recibió, además, sanción definitiva el proyecto de “fortalecimiento” de la justicia santafesina que consta de la creación de 27 fiscalía federales, 9 defensorías y 6 jueces federales penales. Asimismo,recibieron el voto unánime de la Cámara entre otras iniciativas el Certificado Único de Discapacidad sin fecha de vencimiento en los casos de discapacidades crónicas y la eliminación de la fe de vida para jubilados.
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DIEGO